La Administración estadounidense reconoció que había perdido la pista de 1.500 menores indocumentados desde finales de 2017. Supuestamente habían sido trasladado a casas de parientes o familias de acogida.
A partir de ahí, tuvo que reconocer que, entre el 19 de abril y 6 de junio, había separado a unos 2.000 niños, a veces bebés, de sus progenitores o familiares adultos. El alud de críticas fue tal que Donald Trump tuvo que rectificar esa política.
Sin embargo, una demanda presentada este martes por la gran organización de defensa de derechos civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) apunta a que en el último año más de 900 han sido separados de sus progenitores.
Con la entrada en vigor de la doctrina de tolerancia cero, cualquier adulto que tratase de entrar en Estados Unidos de forma irregular y sin los procedimientos correctos de asilo se considera un delincuente y se le procesa judicialmente como tal. Como los menores no pueden ingresar en prisión, ni permanecer más de 21 días detenidos, eran apartados.
según el Departamento de Seguridad Interior, la separación de los niños migrantes y sus padres o tutores legales a la hora de cruzar la frontera es excepcional. La mayoría se debe a que los adultos han cometido algún tipo de delito (administraciones anteriores, como la de George Bush hijo o Barack Obama, apartaban a los menores si podían correr peligro de abusos o dependían de un adulto con delitos graves). La ACLU, sin embargo, alega que las actuaciones separaciones se justifican por delitos menores.
Fuente: El Pais
