La decisión la tomó la Sala de Instrucción del alto tribunal.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos perfilamientos ilegales dentro del Ejército en contra de periodistas, políticos, abogados y defensores de derechos humanos.
La Corte abrió esta investigación luego de las denuncias publicadas sobre supuestos seguimientos ilegales y perfilamientos que se hacían por parte de inteligencia del Ejército.
La decisión del alto tribunal, que tiene como fecha el pasado 15 de mayo, se tomó con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción.
Según la Corte Suprema de Justicia, los hechos investigados se remontan al 2019. Esta indagación se inició luego de que a la Corte llegó un correo, que indicaba que la información recaudada por la inteligencia militar en procedimientos irregulares, presuntamente tenía como destinatario al senador Álvaro Uribe Vélez.
En enero de este año, según explicó una fuente de la Sala de Instrucción, la Corte se reunió para estudiar el correo que había llegado y consideró que ese caso debía ser repartido para poder ser investigado, pues podía llevar a un proceso judicial.
En el reparto el caso quedó en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, quien inicialmente se declaró impedido. Sin embargo, los magistrados de la Sala de Instrucción consideraron que no había razón para apartarlo del caso, y le dejaron el proceso.
En febrero, Alarcón asumió la investigación y en mayo pudo tener consolidada toda la información, incluida la que tenía el despacho de la magistrada Cristina Lombana sobre unos allanamientos que había ordenado, también para investigar actuaciones de inteligencia militar.
La indagación preliminar se ordenó con el fin de esclarecer si en este caso hay un delito y sí, en efecto, quien recibía la información era Uribe. A la defensa del expresidente se le comunicó de este caso desde el 15 de mayo.
En el voluminoso auto que abre el proceso preliminar, el magistrado Alarcón ordenó una serie de pruebas, entre ellas inspecciones a la Fiscalía General, a la Procuraduría, al Ministerio de Defensa, al Ejército, así como la recaudación de testimonios.
En este caso, además, dijeron fuentes de la Corte, como la información que llegó en el correo al alto tribunal hablaba de muchos militares, esos datos se le entregaron desde enero al entonces fiscal encargado Fabio Espitia.
Las fuentes también explicaron que en el caso, como es preliminar, aún no se ha determinado un posible delito para ser investigado. Sin embargo, lo que sí explicaron las fuentes, es que en el alto tribunal están manejando la investigación como “interceptaciones ilegales” dentro de las cuales también se investiga lo que los medios han dado a conocer como perfilamientos contra periodistas, políticos, abogados y defensores de derechos humanos.
¿Qué sigue ahora? Tras esta investigación preliminar -que significa que aún no hay un proceso oficial contra Uribe- la ley señala que hay un término de 18 meses para tomar una decisión de fondo y definir si se abre una investigación en firme contra el expresidente. Ese tiempo, según explicaron las fuentes cercanas al caso, podría ser mayor o menor,.
Durante esta etapa preliminar, el magistrado Alarcón tendrá que recoger las pruebas y declaraciones. Al final tendrá que emitir un auto que podría ir en dos sentidos: por un lado, podría ser inhibitorio, es decir, archivando el caso contra Uribe si no se encuentra ningún presunto delito o responsabilidad. O, en segundo lugar, podría ir abriendo una investigación formal si se determinar que hay méritos probatorios para ello.
Fuentes de la Corte explicaron que esta investigación es distinta a la que llevó a que la magistrada Cristina Lombana ordenara el año pasado un allanamiento en varias unidades militares, entre ellas la del 18 de diciembre en el batallón de comunicaciones del Ejército, en Facatativá (Cundinamarca), pues en ese caso lo que se envestiga eran supuestos seguimientos ilegales relacionados con el condenado hacker Andrés Sepúlveda, y en los que también se mencionaba a Uribe. Los perfilamientos y seguimientos también son investigados por la Fiscalía General y la Procuraduría.
A comienzos de mayo, por ejemplo, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que a las investigaciones por supuesta violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, se había incorporado la investigación por los perfilamientos. En el primer caso se decidió citar a interrogatorio al general en retiro Nicacio Martínez, quien era comandante del Ejército en la época de los hechos indagados.
Y la Procuraduría General abrió el pasado 20 de mayo un juicio disciplinario contra 13 militares por los perfilamientos, entre ellos dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales.
