Si no es controlada, no hay minería. Con ese planteamiento, las autoridades ecuatorianas han ejecutado durante la última semana un megaoperativo para desalojar a varios miles de mineros artesanales que estaban expoliando irregularmente un yacimiento de oro del norte del país.
B Un enfrentamiento violento con cuatro heridos levantó hace 10 días la alarma en la población de La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Días después, tras una reunión en la presidencia, el Gobierno de Lenín Moreno decidió enviar a 2.500 uniformados, entre policías y militares, para forzar el fin de las actividades de extracción irregular.
Las labores de inteligencia previas habían dibujado un escenario conflictivo, con un grupo de 50 personas fuertemente armadas que protegía la zona de explotación y que extorsionaba a los locales para garantizarse el suministro de herramientas y enseres. Con esa información, las fuerzas de seguridad entraron el martes de madrugada y comenzaron un desalojo intensivo de hasta 6.000 personas durante cuatro días. La zona sigue todavía controlada por los uniformados, pero ya apenas quedan los 1.800 habitantes de Buenos Aires.
En la parte más alta de la montaña, en la conocida como Vieja Mina, el daño es apreciable desde la distancia. Hay amplias zonas de tierra removida y árboles pelados, que contrastan con el verdor de las laderas contiguas. Los uniformados encontraron un campamento improvisado con un centenar de tiendas de plástico y madera, además de todo lo necesario para la actividad. La policía incautó decenas de motores y perforadoras manuales, localizó túneles profundos con poleas instaladas, cientos de sacos de material térreo, químicos contaminantes para procesarlo y hasta una iglesia. Pese a ser una zona escarpada, lodosa y a tres horas de caminata de la población más cercana, había incluso conexión a internet.
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